La Xunta investiga a constructores y abogados por la trama del aceite usado

10/04/2014.

Se estrecha el cerco sobre compañías dedicadas a la recogida de residuos vegetales en restaurantes que tienen su almacén domiciliado en despachos de abogados, gestorías o corredurías de seguros. La Policía Autonómica indaga si detrás de las nuevas empresas se esconde un red de blanqueo.

La paralización de la actividad de cuatro empresas dedicadas a la recogida de aceite usado en Galicia por prácticas irregulares en el transporte y el almacenamiento solo es la punta del iceberg. Además del mercadeo fraudulento de los residuos vegetales utilizados para fabricar biodiésel, la Policía Autonómica investiga la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de algunas de las compañías y particulares que en los últimos años vieron en el sector del reciclaje de aceite un negocio redondo. En el punto de mira de la investigación, promovida por la Consellería de Medio Ambiente, están una quincena de empresas y autónomos que supuestamente carecen de autorización para realizar tal actividad y que pagan entre cinco y 20 euros por cada bidón de 50 litros de residuo vegetal. Un desembolso detrás del que, según fuentes próximas al caso, podría esconderse una trama de blanqueo de capitales que rondaría los dos millones de euros. Las indagaciones, que se centran en la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, estrechan el cerco sobre constructores, abogados, asesores contables y gestores que están al frente de algunas empresas del sector del reciclaje en Galicia.

Según fuentes del sector del reciclaje en Galicia, de las más de 20 empresas dedicadas a la recogida de aceite usado una quincena realizan la actividad sin contar con autorización y pagan en efectivo a restaurantes y hosteleros, sin ningún tipo de factura. Esto les permite alegar a Hacienda que el residuo que recogen se obtiene de forma gratuita y venderlo así con factura a fábricas biodiésel, lo que revela "un claro blanqueo de capitales".

La investigación, puesta en marcha por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a raíz de las denuncias del sector por la mala gestión y la intromisión de compañías no autorizadas para la recogida, transporte y gestión de aceite usado, se centra en personas relacionadas con el sector de la construcción -antiguos promotores, según desvelan fuentes próximas al caso-. Y también despachos de abogados, asesorías contables y personas relacionadas con gestorías y corredurías de seguros, donde algunas de los empresarios investigados tienen domiciliado su negocio.

Las inspecciones puestas en marcha el pasado 1 de marzo por la Xunta en empresas y centros de restauración -bares, restaurantes, centros comerciales donde sirven comidas, locales de comida rápida, comedores escolares o centros de la tercera edad- se han saldado con la paralización de la actividad de cuatro de las diez compañías investigadas por irregularidades en el transporte o el almacenamiento del aceite usado. Los inspectores de Medio Ambiente constaron hasta el momento que algunos transportistas, que cuentan con permiso para recoger los aceites de residuos vegetales, también se dedican al almacenamiento o valorización de estos productos sin autorización y además descubrió a empresas que transportan el aceite recogido a Portugal o a otros comunidades, como Cataluña, pese a que carecen de la preceptiva licencia.

Pero las pesquisas sobre el mercadeo irregular de los residuos vegetales en Galicia no se limitan a la falta de autorizaciones para llevar a cabo esta actividad sino que podrían derivar en un caso de blanqueo.

¿Dónde está el posible delito de blanqueo de capitales? Fuentes próximas al caso advierten de que hay empresas y particulares que pagan hasta 20 euros por un bidón de 50 litros de aceite usado. El precio aproximado actual del residuo vegetal, puesto en fábrica de biodiésel, son unos 650 euros por tonelada. ¿El beneficio tras el pago a los hosteleros y la venta a fábrica? Apenas 150 euros por tonelada. Con esta diferencia, sostienen desde el sector, es imposible cubrir costes de personal, impuestos, desplazamientos, limpieza de bidones, amortización de vehículos, transportes y demás obligaciones legales.

Fuente: R. Prieto / Responsable de Área de Galicia de LA OPINIÓN DE A CORUÑA