Comunicado oficial de Geregras sobre la gestión del aceite usado en Sevilla.

17/07/2014.

Las Federaciones Española y Andaluza de hostelería asistieron a la Asamblea Extraordinaria celebrada por GEREGRAS y AERTA en relación con las medidas adoptadas por los ayuntamientos de Sevilla, San Fernando y Puerto Real.

Con la presencia de la Federación Española de Hostelería (FEHR), y el vicepresidente de la Federación Andaluza y presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, concluyó la asamblea celebrada en Sevilla el pasado 9 de Julio. Este encuentro organizado por Geregras y Aerta, congregó a más de 65 asistentes que se dieron cita para debatir las medidas que se encuentran autorizadas en el Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos Urbanos (GRU), así como inscritas y/o autorizadas con su correspondiente número de Registro de Subproductos Animales no destinados al Consumo Humano (SANDACH) en otras diez Comunidades Autónomas, a excepción de Andalucía, como consecuencia de las actuaciones emprendidas por los Ayuntamientos de Sevilla, San Fernando y Puerto Real.

Es el caso de la medida que fuerza a los establecimientos hosteleros sevillanos a entregar voluntariamente y con carácter gratuito el aceite usado de cocina a la empresa Biouniversal -vinculada a la empresa pública LIPASAM- lo que supone, a nuestro entender, una ilegalidad que merece ser combatida.

La situación de monopolización a la que fuerza el ayuntamiento sevillano, también se está implementando por parte de las corporaciones locales de Puerto Real y San Fernando. Los hosteleros de estas localidades gaditanas están sufriendo el hostigamiento diario igualmente, por parte de las empresas públicas locales que les obligan a entregarlas los subproductos de aceites usados de cocina sin ningún tipo de contraprestación.

Ante la imposibilidad material de poder ser recibidos y atendidos por parte de los responsables de los citados Ayuntamientos, Geregras y Aerta, apoyados por la FEHR, la Federación Andaluza y las Asociaciones de Hostelería de Sevilla y Cádiz, han decidido asumir, entre otras, una serie de actuaciones de carácter jurídico que se concretan en:

1. Recurrir las bases de las licitaciones, es decir, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas (PPTyA) en vía administrativa de los Ayuntamientos de referencia.
2. Interposición de demanda ante el juzgado de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Cádiz y Puerto Real.
3. Recurrir estas medidas de extorsión, interponiendo el correspondiente recurso por vía de hecho que derivará, en su caso, en el procedimiento contencioso-administrativo.
4. Interposición de demanda ante el Juzgado de lo Mercantil por vulneración, por parte de los Ayuntamientos implicados de la Ley de Competencia Desleal, permitiendo que las empresas asociadas queden expulsadas de su propio mercado al que pertenecen en calidad de empresas registradas y/o autorizadas para el ejercicio de la actividad, imposibilitando el desarrollo legal de su actividad en régimen de competencia y libertad de empresa.
5. Presentar denuncia ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).
6. Presentar alegaciones ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a los efectos de poder elevar a rango de interés nacional la repercusión que el acto de los distintos Ayuntamientos está ocasionando alterando el sistema de libre mercado de todo el país en esta materia. Posibilidad de solicitar la correspondiente indemnización, una vez reconocida y restablecida la actuación impugnada.
7. Instar un procedimiento de revisión de oficio por el que se solicite la nulidad de todo el procedimiento desde el mismo momento en que se gestó la idea de publicar el mismo a través del acuerdo del Comité de LIPASAM en el caso de Sevilla, el acuerdo homólogo en el caso del Ayuntamiento de San Fernando, así como la formulación, en su caso, de querella criminal contra la alcaldesa, en el caso de Puerto Real.
8. Responsabilidad Patrimonial. Interposición, en su caso, del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial contra la Administración, solicitando la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder a cada uno de los asociados que se hayan visto perjudicados por su mal funcionamiento. Para ello, desarrollar un procedimiento de cálculo de daños y perjuicios derivados de las actuaciones de dichos Ayuntamientos para solicitar la reparación de los daños ocasionados.

Todo ellos con independencia de las responsabilidades penales en que se haya podido incurrir.

Desde el punto de vista de la Comunicación, entre otras medidas, hemos decidido asumir una estrategia que suponga abrir un canal de comunicación constante (interno y externo) que posicione nuestras Organizaciones como interlocutor e impulsor de las medidas adoptadas en defensa de los intereses de nuestras empresas gestoras afectadas.

Emitir comunicados dirigidos a los ciudadanos para informarles de las actuaciones reales antes, durante y después de las prácticas de dichos Ayuntamientos.

Como primera medida en este sentido, os dejamos el comunicado de prensa que se está haciendo público aquí.