Denunciado al Consistorio de Sevilla por obligar a los bares a dar el aceite usado a una empresa

21/07/2014.

La Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras) y la Asociación Nacional de Empresarios de Recogida, Tratamiento y Reciclaje de aceites y grasas (Aerta) han iniciado acciones legales contra el Ayuntamiento de Sevilla por la medida aprobada por Lipasam y Urbanismo que obliga al hostelero, bajo «hostigamiento y persecución diario de sanción, a entregar el aceite usado de cocina en exclusiva a Biouniversal», empresa que ganó el concurso convocado por el Gobierno local y que se hará con un negocio de alrededor de dos millones de euros, según los datos del sector. La Asociación de Hostelería de Sevilla, la federación española y la andaluza apoyan la denuncia y advierten de que el nuevo modelo de gestión de los aceites aprobado por el Gobierno de Zoido «supondrá la disolución de muchas empresas y la pérdida de empleos», según Pedro Sánchez Cuerda, presidente de los hosteleros sevillanos.

Hasta ahora, los bares y restaurantes contrataban el servicio de recogida de aceites usados a empresas homologadas por la Junta de Andalucía. Estas empresas, como contraprestación, ofrecen servicios de limpieza a estos establecimientos o incluso dinero por su aceite usado. Sin embargo, con el nuevo sistema, los hosteleros están obligados a entregar sus aceites a Biouniversal de forma gratuita.

Por esto los empresarios denuncian el «daño» a las empresas que hasta ahora operaban y para los hosteleros. A su juicio, es una «monopolización» del sector del reciclaje de este tipo de aceite de cocina con una «intencionalidad económica y recaudatoria por parte del Consistorio». «Es una materia prima propiedad de quien lo produce y, como bien, tiene un precio», alegan los empresarios. Sin embargo, para el Ayuntamiento, es un residuo cuya gestión la ley le otorga.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, asegura que el aceite usado de cocina es un residuo de propiedad municipal y que el Ayuntamiento es el único autorizado a recogerlo, bien directamente, o a través de terceros en caso de licitación. «No estamos haciendo nada ilegal, lo único que estamos haciendo es cumplir con la normativa vigente con el único fin de garantizar la seguridad alimentaria y tener un sistema eficaz», concluyó Vílchez, que quiere evitar que esos aceites vuelvan a la cadena alimenticia o a la red de saneamiento.

Para el delegado, existe un pronunciamiento de la Junta en la que deja claro que los Aceites Usados de Cocina ( UCO) destinados a la fabricación de biodiesel (salvo que procedan de transporte internacional) no son objeto de la normativa SANDACH –sí lo son los considerados como subproducto animal– y se somete a la legislación de residuos. Es decir, que el sector y el Ayuntamiento discrepan a la hora de determinar qué normativa se aplica a estos aceites usados de cocina.

Carlos López, responsable jurídico de Geregras, aseguró que grandes cadenas de restauración también prevén tomar acciones legales contra el Ayuntamiento de Sevilla, al igual que contra el de Puerto Real y San Fernando, con medidas similares. Geregras y Aerta recurrirá la licitación, demandará al Consistorio vía contencioso-administrativo, ante lo Mercantil por vulnerar la Ley de Competencia, pedirá responsabilidad patrimonial –solicitando una indemnización por daños y perjuicios– y todo, «con independencia de las responsabilidades penales que se hayan podido incurrir», apuntan en una nota.

Pedro Sánchez Cuerda indicó que los hosteleros no entienden el cambio de modelo de gestión porque «no había problemas de ningún tipo, ni de salud pública ni de contaminación, la propia Lipasam lo admite». «Se estaba cumpliendo la normativa y había muchas empresas dedicadas a esto que ahora corren peligro de desaparecer», lamentó. El presidente de los hosteleros sevillanos, además, criticó la creación de «este monopolio». «Incluso había empresas que recogían el aceite con fines humanitarios, para hacer jabón», apostilló el hostelero.

El portavoz adjunto del PSOE municipal, Antonio Muñoz, denunció que «a sólo unos días de la aprobación definitiva y cuando ya no hay margen para el debate», se introdujo un cambio en la normativa de Limpieza para «obligar expresamente a todos los negocios de la ciudad a ceder su aceite de forma gratuita a la empresa determinada por Lipasam». «Es una falta de respeto a los hosteleros que habían pedido una rectificación y a las empresas del sector. Mientras les prometen que van a hablar y negociar, se reúnen de urgencia para, fuera de plazo, cambiar la ordenanza y blindar un modelo claramente dañino», alertó. El PSOE pidió la paralización de la normativa antes del Pleno.

Fuente: Elcorreoweb.es