La UE pone en la picota el uso del aceite de palma como biocombustible

Los biocombustibles –carburantes de origen vegetal, básicamente– surgieron hace unos años como la panacea para sustituir a los carburantes fósiles (gasolina o gasóleo), responsables de las emisiones causantes del cambio climático. Pero en poco tiempo han pasado de ser ángeles a demonios. Así se aprecia en la elaboración de la nueva directiva europeasobre energías renovables, objeto de un proceso de debate en el que participan los distintos estamentos europeos. En este sentido, el Parlamento europeo aprobó hace unos días una propuesta que congela los objetivos de impulso de los biocombustibles convencionales en los vehículos para el 2030. Y, además, acuerda prohibir específicamente el uso del aceite de palma en el biodiésel a partir del año 2021. En los últimos años, diversos informes acusan a las plantaciones de palma aceitera de provocar la deforestación que sufren Indonesia y Malasia.

José Blanco, diputado socialista que defendió la propuesta del Parlamento, ve justificada la resolución. “El aceite de palma está causando una brutal deforestación. El mensaje que lanzamos es claro: no queremos que crezcan los biocombustibles de primera generación, deben ser eliminados y sustituidos por biocombustibles realmente sostenibles”, dice el diputado socialista. “Si nos tomamos en serio el problema del cambio climático, no podemos vestir a un santo para desvestir a otros”, explica a este diario.

Los biocombustibles de primera generación (a base de aceite de palma, soja o colza) también han sido cuestionados porque estos cultivos energéticos han causado alzas de precios en las cosechas para uso alimentario.

Deforestación en Indonesia

“La industria del aceite de palma está aún implicada en la deforestación. Las grandes empresas no tienen un plan para solucionarlo.En lugar de tomarse en serio sus compromisos, la mayoría tiene una política de ‘no preguntar, no decir’, y que pretenden hacer ver que todo está bajo control mientras los bosques de Indonesia se esfuman”, afirma Miguel Ángel Soto, experto de Greenpeace.

Desde 1990, Indonesia ha perdido 310.00 km2 de bosques. “La deforestación es también una amenaza para especies en peligro, como los orangutanes”, dice Soto.

Los informes de grupos ecologistas apunta que el cultivo de la palma arrebata espacio a los bosques primigenios, mediante talas, drenajes de turberas y fuegos para allanar el camino a las plantaciones.

Y, al final de esta cadena está no sólo la industria de los biocarburantes, sino los fabricantes de alimento procesados (conservas, galletas, chocolates, sopas) y productos de cosmética (cremas, pastas de diente, detergentes....)

Plan restrictivo del Parlamento

El restrictivo plan del Parlamento europeo (todo un frenazo al sector) supondría que para el 2030 que los biocombustibles convencionales deberían tener la meta nacional que hayan alcanzado en el 2017 (un 4,75% respecto al total de carburante, en España, por ejemplo), sin sobrepasar el 7% en el 2020, ya acordado en 2009.Y en el 2021 no se podría fabricar diésel con este aceite.

La Comisión Europea, por su parte, hizo en su momento una propuesta muy restrictiva para los biocarburantes (un objetivo del 3,8 para el 2030), pero ha evitado la prohibición tal vez para sortear las denuncias de Indonesia contra la UE ante la OMC.

No obstante, en este contexto, los agricultores de Malasia dedicados a la producción de aceite de palma se han venido manifestando en Kuala Lumpur (Indonesia) contra la iniciativa de la Unión Europea por su plan para restringir la importación de este producto en su utilización como biocombustibles.

Desacuerdos de APPA

La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA replica al Parlamento. Sostiene que todo el biodiésel de palma consumido en la UE, al igual que el resto de los biocarburantes utilizados, “cumple desde hace varios años estrictos criterios de sostenibilidad”, entre los que se encuentra la prohibición de utilizar para el cultivo de sus materias primas zonas de alto valor en biodiversidad o reservas de carbono. “Está asegurado que este producto no genera deforestación”, añade.

Si se aplicara ese plan,”se llegaría a la absurda situación de que se prohibiría el aceite de palma en un uso, mientras que se permitiría en otros, como alimentación, cosmética o ganadería. Es una incoherencia ambiental”, sentencia Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes.

“No podemos aceptar que se fijen objetivos para los biocombustibles convencionales inferiores al 7% ya acordado para el 2012; sería un retroceso”, añade Bustos.

En España, se estima que el aceite de palma aporta entre el 40% y 50% del biodiésel producido (el resto procede de soja, aceite de cocina o grasa animal…).

Negociación a partir del martes,clave

El debate sobre los biocombustibles forma parte de la negociación sobre la nueva directiva de energías renovables, instrumento clave para cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático. Al respecto, se ha pronunciado la Comisión Europea y el Parlamento; y, dado el desacuerdo existente, el martes se inicia la negociación con el Consejo (ministros representantes de los países) para buscar el consenso.

“Representantes gubernamentales de Francia, Suecia, Holanda y Reino Unido han rechazado la propuesta del Parlamento. Creemos improbable que el Consejo apoye la prohibición del biodiésel de aceite de palma”, dice Bustos.

Objetivos sobre renovables

Por otra parte (y éste es otro de los grandes debates), la Comisión Europea ha propuesto que las energías renovables (solar, eólica, biomasa…) aporten el 27% de la energía primaria en el 2030 como objetivo global de la UE, mientras que el Parlamento quiere elevar esa cifra al 35%.

En esta directiva también habrá una meta global sobre objetivos específicos para las fuentes renovables en el sector del transporte (pensando sobre todo en el coche eléctrico). Sin embargo, ni la Comisión ni el Parlamento quieren que en este objetivo se incluyan metas sobre biocarburantes convencionales. “Si se nos excluye de los objetivos en el transporte, se condena a nuestro sector”, dice Bustos. El Consejo no acepta esta posición. Y la negociación deberá concluir en junio.

Autoconsumo e ‘impuesto al sol’

Sara Pizzinato, responsable del área de energía de energía de Greenpeace, explica que la posición de esta organización es que el objetivo sobre renovables no sea una meta global comunitaria, sino que sea asumida individualmente por cada uno de los países. “Pero España no quiere aceptar que se aumente los objetivos sobre renovables ni que los objetivos sean nacionales”, se lamenta.

En materia de autoconsumo con fuentes renovables (uno de los grandes asuntos de debate en la nueva directiva), la Comisión se ha mostrado partidaria de que los ciudadanos se puedan convertir también en agentes activos de la transición energética (para no ser considerados solo meros consumidores de luz, condenados exclusivamente a pagar la factura).

Sin embargo, mientras que el Parlamento incluso rechaza que no debe implantarse el ‘impuesto al sol’ (carga que encarece el autoconsumo instantáneo producido con renovables) cuando no hay conexión a la red, la Comisión Europa avanza solo tímidamente en ese punto, aunque sostiene que las cargas no deben ser desproporcionadas. Por su parte, España mantiene esta carga para las instalaciones de más de 10 kW, lo que ha provoca fuertes críticas de empresas y entidades sociales contra el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

El Parlamento incluso avala que las comunidades puedan ser productores de energía verde y la puedan compartir e intercambiarla, algo que rechaza también el Gobierno de España.

Pagos por capacidad

El otro gran asunto de discusión es el reglamento del mercado de electricidad, que debe definir cómo se logra reducir los llamados pagos por capacidad que hacen los países a las plantas térmicas (gas o carbón...), un eufemismo que esconde la retribución que obtienen por estar disponibles por si se necesita su funcionamiento al subir la demanda eléctrica.

Greenpeace se opone a estos pagos, verdaderos subsidios, “porque son sistemas para mantener abiertas plantas que de otra manera se cerrarían”, dice Pizzinato.

Pero ni la CE ni el Parlamento están en esa línea, aunque proponen un reglamentación estricta para irlos eliminando.

El Parlamento quiere que estos pagos sean muy excepcionales y que no duren más de cinco años, de manera que a partir del 2025 no se puedan dar a ninguna planta que emita más de 550 gramos por kWh. Greenpeace propone que ese listón se baje a 350 gramos por kWh mientras que España quiere que cada país haga lo que considere conveniente.

Fuente: lavanguardia.com