Cerco a los «bidoneros» del aceite vegetal usado

11/07/2012.

La Guardia Civil detecta un aumento de piratas que mercadean de forma irregular con este producto

El oro líquido es cada vez menos dorado. Las últimas seis tramas desenmascaradas por la Guardia Civil en Málaga en torno a la gestión irregular de aceites vegetales usados saca a relucir una actividad que, además de ilegal y peligrosa, afecta directamente a las empresas que cumplen con todos los requisitos para trabajar con este producto.

En una provincia que anualmente produce entre 5.000 y 6.000 toneladas de aceite vegetal usado que mayoritariamente se destinan para fabricar biodiésel, los protagonistas de estas tramas son los bidoneros, término con el que son conocidos los piratas del aceite. Desde el sector hablan de competencia desleal, un concepto demasiado amable si se tiene en cuenta que para alcanzar sus objetivos algunos no dudan en estafar, falsificar documentos o cometer delitos contra la propiedad industrial. Es el caso de dos personas imputadas el pasado mes de junio tras una investigación en la que se demostró que presuntamente habían creado una empresa ficticia utilizando documentos falsos a los que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. En ellos, los implicados incluían logos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para dar autenticidad a la empresa y hacer creer a los clientes que estaban autorizados. Según la propia Guardia Civil, incluso se llevaban los bidones propiedad de otras empresas.

No es el único modus operandi. En otra operación, el instituto armado descubrió que los trabajadores de una empresa de Sevilla autorizada y legalizada para recoger este tipo de aceite se trasladaban hasta Málaga y se hacían pasar por empleados de sociedades de esta última provincia para escoger el aceite envasado en garrafas de las empresas a las que decían representar. Para ello facilitaban a los clientes justificantes en los que aparecía un número de gestor autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Según la Guardia Civil, esto era completamente falso, ya que, aunque dicho número existe, está autorizado por las autoridades municipales de Sevilla y sólo autoriza la gestión de este tipo de residuos en la capital hispalense.

Empresas

Montserrat Mateos, directora de Savisol, una de las principales empresas de recogida y tratamiento de aceite usado de la provincia junto a Regrasol, conoce el problema de primera mano, ya que el negocio se ha estancado en los últimos dos años por culpa de bidoneros que trabajan por su cuenta o para empresas que fomentan una actividad para la que hay que estar autorizado y para la que hay que seguir estrictos protocolos. «El bidonero llega a un establecimiento y paga por el aceite usado una cantidad que nosotros no podemos igualar. Lo hace porque no tiene los gastos que tiene una empresa (impuestos, personal, etc.) y le es rentable superar el precio de mercado», explica Monserrat.

Sin embargo, la primera irregularidad llega cuando el bidonero quiere transportar el aceite, ya que no usan vehículos con departamentos estancos que exige el protocolo y pueden provocar derrames con sus correspondientes consecuencias. La siguiente irregularidad, según Mateos, llega en el almacenamiento, con los consiguientes riesgos de incendio o vertidos contaminantes. «Algunos se escudan en que tienen permiso para el transporte del aceite a su destino final, pero realmente ese transporte no se realiza hasta que tienen una cantidad que garantice la rentabilidad del traslado. Por tanto, lo almacenan como pueden hasta que alcanzan esa cantidad», abunda la directora de Savisol.

No menos importante es la ausencia de tratamiento del aceite de los bidoneros, ya que las empresas como Savisol realizan sendos procesos para separar del aceite restos orgánicos y el agua para posteriormente entregarlos a empresas especializadas en ese tipo de residuos, mientras que el recogedor pirata lo entrega en el mismo estado en el que lo cogió.

Contratos falsos con los que pedían exclusividad

En una de las tramas desactivadas por la Guardia Civil, los imputados hacían creer a los propietarios de los establecimientos que aportaban el aceite que trabajaban para una empresa homologada, de la que incluso utilizaban el número del gestor autorizado de la sociedad a la que decían representar. Incluso, les hacían firmar contratos en los que pedían exclusividad a la hora de entregar el aceite vegetal usado. En la parte superior del documento, los imputados también usaban los logos de la Junta de Andalucía, del Gobierno central y de la Unión Europea.

Fuente: La Opinión de Málaga. Artículo de Jose Torres.