Guerra por los aceites y grasas de cocina usados

14/01/2015.

Los aceites y grasas de cocina usados son agentes contaminantes; un solo litro es suficiente para contaminar 1.000 litros de agua, por lo que son una preocupación ambiental de primer orden. Cada hogar produce anualmente una media de 12 litros y el coste del tratamiento de las aguas contaminadas con ellos asciende a cuatro euros por hogar y año, lo que arroja un coste superior a los 70 millones anuales en España, aunque hay otras estimaciones superiores.

Por otro lado, resulta que los aceites y las grasas de cocina usados -todo se mezcla tras pasar por los fogones- son valiosos como materia prima para fabricar biodiésel, el biocarburante renovable.

Por consiguiente, su recogida y el tratamiento es una prioridad para los municipios, que tratan de concienciar a la población a fin de que no los tiren por el desagüe del fregadero, a la par que procuran facilitarles la recogida, instalando bidones y contenedores específicos para ello.

Barcelona, por poner un ejemplo, inició en septiembre un programa que aspira, gracias a 200.000 nuevos recipientes retornables, a incrementar un 20% el volumen de aceite recogido en la actualidad -casi el 90% se convierte en biodiésel- y llegar a los 335.000 litros anuales.

Ahora bien, la recogida de este tipo de aceites es mucho más fácil en el caso de la hostelería. Aquí son gestores autorizados los que se encargan de retirárselos, a cambio de un pago que puede ascender a varios cientos de euros anuales; es decir, aporta ingresos a los hoteles, cafeterías, restaurantes...

Según las estimaciones de la Asociación de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras), cada año se gestionan en España unas 135.000 toneladas de aceites, lo que genera un mercado de unos 80 millones de euros anuales en todo el país.

¿Residuo o subproducto?

La normativa europea considera que los aceites de cocina usados no son residuos, sino subproductos animales no destinados al consumo humano. Así se entiende explícitamente en casi todas las comunidades autónomas, que cuentan con un registro específico para las empresas autorizadas a tratarlos, la mayoría socios de Geregras. Sin embargo, Andalucía ha decidido interpretar la normativa a su modo y considera que los aceites sí son residuos. El cambio de clasificación ha dado pie a que algunos ayuntamientos, como Sevilla, Puerto Real y San Fernando, hayan modificado su recogida, otorgándola en régimen de monopolio a una empresa concesionaria, en detrimento de las empresas que venían desarrollando esa labor, y obligando a los hosteleros a entregar los aceites usados sin percibir ningún tipo de compensación a cambio.

El caso paradigmático es Sevilla. El pasado mes de octubre entró en vigor una nueva Ordenanza de Limpieza -famosa porque sanciona con multas de hasta 750 euros a quienes rebusquen en los contenedores-, que otorga la gestión de todos los aceites y grasas de la ciudad a la empresa Biouniversal. Ésta ganó la correspondiente licitación, por 10 años, y debe instalar 1.000 contenedores de calle; a cambio, entregará al Ayuntamiento 50 euros anuales por cada contenedor y 25 euros por cada establecimiento; además, hará una campaña informativa anual con un coste mínimo de 10.000 euros.

De acuerdo con Geregras, el negocio de la recogida de aceites y grasas del circuito Horeca en Sevilla asciende a 2,5 millones de euros anuales e implica a 30 empresas, con 300 empleados, que se han visto, de la noche a la mañana, sin posibilidades de seguir trabajando, a pesar de tener todas las autorizaciones en regla, estar acreditadas como gestores autorizados y disponer de contratos con los hosteleros. A la vez, los 10.000 hosteleros sevillanos han visto volatilizarse los ingresos que percibían por entergarles los aceites, que suponían otros dos millones de euros anuales, y deben servir sus aceites a Biouniversal bajo pena de sanción económica.

Geregras denuncia arbitrariedad en la adjudicación, oscurantismo en el consistorio -ha recibido la callada por respuesta- y el atentado que se comete contra la libre competencia. La Asociación ha denunciado el caso a los tribunales, a las autoridades de competencia autonómicas y nacionales, y prepara otra denuncia ante la Comisión Europea. La Federación Española de Hostelería (Fehr) defiende a sus miembros y respalda el planteamiento de Geregras; su secretario general, Emilio Gallego, califica la situación en Andalucía de "claro ejemplo de ruptura del mercado único nacional".

Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente

La cosa puede ir a más: el nuevo modelo concesional podría extenderse por el resto del territorio. Se intentó en Málaga, que dijo que no, en Cádiz, que aceptó, pero no incluyendo el circuito Horeca en la concesión, y ha habido conversaciones con los municipios de Córdoba, Madrid y Valencia. Fuentes de Geregras confiesan que en el sector "hay miedo" y reclaman "una normativa de ámbito nacional, con más trazabilidad y sin monopolios".

Geregras y Fehr han apelado a la autoridad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y las tres entidades han firmado un convenio que debería ayudar a contener la expansión. Gracias a él mejorará la coordinación de los gestores, se elaborará una guía de buenas prácticas y, lo más importente, se ha creado una Comisión de seguimiento del sector, que también atenderá las denuncias sobre operaciones ilegales.

No es raro que haya robos en los contenedores -en noviembre se detuvo a tres personas acusadas de sustraer 40.000 litros en Almería- y cabe la posibilidad de que esos aceites acaben donde no deben. Así se descubrió en Taiwán en octubre: una red ilegal los introdujo en la cadena alimentaria, afectando a la mitad de los 23 millones de habitantes de la isla.

Fuente: elEconomista.es