Situación actual de la gestión del aceite usado de cocina en los establecimientos del sector HORECA de Sevilla

16/02/2016.

A principios de 2014 el Ayuntamiento de Sevilla a través de LIPASAM otorgó a una empresa privada, BIOUNIVERSAL, la exclusividad de la recogida de los aceites usados del sector de forma gratuita.

La Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles (GEREGRAS), junto a varias organizaciones, interpusieron varios recursos en los que se impugnaba la decisión del Ayuntamiento de otorgar el monopolio a la adjudicataria.

Tras este periplo judicial, se ha conseguido que los tribunales den la razón a Geregras y en julio pasado se obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se anula la cláusula 6.2 que otorgaba la exclusividad a la mencionada empresa. 

Por su parte, Biouniversal (que no LIPASAM) decidió seguir adelante y recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este hecho, junto a la actitud de hostigamiento a los productores de aceite usado (restaurantes principalmente) por parte del Ayuntamiento-LIPASAM, obligó a Geregras a solicitar la Ejecución Provisional de la Sentencia ante el citado tribunal, hecho que se ha conseguido.

En este momento nos encontramos con una sentencia recurrida cuyo recurso está pendiente de ser admitido por el Tribunal Supremo, una sentencia cuya ejecución provisional se ha otorgado (el Auto por el que se accede a la ejecución también se ha recurrido por BIOUNIVERSAL, además de por LIPASAM) y con una empresa que no ceja en el empeño de recurrir a pesar de que los pronunciamientos judiciales le están siendo desfavorables.

En esta misma línea, aunque ya lo adelantábamos en el mes de diciembre, ayer pudimos conocer, la condena por la Audiencia de Sevilla de un empresario por facturas falsas, a cárcel debido a la gestión de la recogida de aceite usado en Sevilla.

Este empresario aparece, además, en la lista de imputados de otros casos que investigan una trama de pago de sobornos a funcionarios y cargos políticos a cambio de la adjudicación de contratos públicos. El acusado es Carlos Alfonso Lozano Pastrana. Este administrador ha sido condenado -junto a su socio- a cuatro años y medio de prisión como autor de delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones y otro de estafa, después de que justificase «falsamente» la adquisición de los contenedores de aceites usados que iba a instalar por Sevilla con el fin de «beneficiarse económicamente» de una subvención de la Junta de Andalucía. 

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