Los silencios de Industria agitan la guerra de los biocarburantes y dejan a España a ciegas

18/10/2010

Calla. Se resguarda, otra vez, en la trinchera de los retrasos. Industria llegó más de cuatro años tarde respecto a la UE a las obligaciones de la directiva europea 2003/30/CE y, a pesar de las exhortaciones de la CNE, el Decreto de Especificaciones llegaba en septiembre, 16 meses y 300 millones de euros tarde, después de haber dejado al sector y a los operadores de productos petrolíferos abocados a pagar por sus incumplimientos ante la obligación de la mezcla del 5,83% en este ejercicio.

Miguel Sebastián prometía en 2010 frenar situaciones arancelarias preferentes como las del biodiésel procedente de Argentina -que copa el 61% del mercado-, aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol en el producto final y fijar objetivos más altos para 2011y los años sucesivos. Todo con tal de alentar un sector que, a pesar de ser el que más incrementó su capacidad para producir biodiésel durante 2009, ha tenido el 75% de las 46 plantas hasta agosto prácticamente paradas y que aún sólo ha conseguido que el 6% de las gasolineras hagan sitio a mezclas muy elevadas. Pero calla ante la iniciativa de la CE para volver a regular el dumping y ante las patronales de bioproductores, que le exigen concretar la obligación de biocarburantes del 7% para 2011 que ya predijo en su propio Plan de Ahorro y Eficiencia.

En los silencios del ministro rompen lanzas los productores de biocarburantes y las patronales petroleras, entre sí, pero sobre todo, ante la incertidumbre regulatoria a medio plazo. Algo pasa -le recuerda la patronal- cuando la mayoría de las plantas de biodiésel agoniza, a menos de un 20% de su potencial de producción. Algo, recuerdan también los operadores de productos petrolíferos - reticentes a comercializar mezclas elevadas como el E85 de etanol y el B30 de biodiésel-, cuando siguen ‘amurados’ entre la espada de los bioproductores, las dudas de Industria y los recelos de los fabricantes de automóviles (que prefieren esperar por el pulso del mercado) en un futuro indefinido para España hasta 2020. A apenas tres meses de distancia, el sector del biodiésel y el bioetanol sigue sin saber si, tal como venía anunciando desde 2008, el Ministerio subirá la obligación de biocarburantes del 7% (en contenido energético) para 2011, prevista en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 aprobado por el Gobierno hace dos años-para acercarse al 7,5% en 2012 y del 10% en 2013 en sintonía con la UE- o si por el contrario, hará del pragmatismo virtud y mantendrá simplemente la obligación existente en 2010 (5,83% en conjunto), la última vigente.  Lo hará, si sigue las advertencias de la industria petrolera española.

Ya en el primer semestre de 2010, según los últimos balances de la CNE, España los cumplió por los pelos, sólo contando con la media conjunta de biodiésel y etanol, al margen de sus aportes sectoriales (una cuota mínima del 3,9% de bioetanol en gasolina y del 3,9% de biodiésel en gasóleo). Como le recordaban apenas hace un mes la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Unión de Petroleros independientes (UPI), las petroleras ya han realizado “un gran esfuerzo” para adaptar sus sistemas de aprovisionamiento, de logística y comerciales al cumplimiento de los objetivos en biocarburantes. Y se enfrentan, casi a ciegas, al que consideraban  “el cambio estructural más importante en el sector de los carburantes de automoción en los últimos años”. Para ellas, subir ahora los objetivos de biocarburantes no sería “realista”. Las limitaciones técnicas del parque actual de vehículos -hay escasos motores adaptados aún, 6.500 vehículos según sus censos- y la consiguiente limitación de la demanda hacen imposible -según su bitácora- “un uso de biocarburantes con porcentajes mayores a los vigentes en las normas de calidad (10% en volumen en el caso del bioetanol y 7% en el caso del biodiesel)”. Una amenaza -denuncia el sector- no sólo a su planificación y su operación a medio plazo, sino a los consumidores, que pueden encontrarse “si los carburantes no se adecuan a las normas de calidad, las posibles averías en los motores que no estarían cubiertas por las garantías”.

Menos aún hay respuesta desde Castellana 160 -ni rechazo formal tampoco- a la propuesta de Appa Biocarburantes, la asociación que agrupa a 36 empresas productoras de bioetanol, biodiésel y biogás en España, que exige el “establecimiento de una obligación de uso de una proporción de biocarburantes etiquetados en todos los transportes públicos y no sólo, como hasta ahora, en la flota de la Administración General del Estado”; extender el actual incentivo fiscal en favor de los biocarburantes en el Impuesto sobre Hidrocarburos por un período adicional de seis años -hasta el 31 de diciembre de 2018-, al menos para las mezclas etiquetadas. Y aprobar una Estrategia Nacional de Cultivos Energéticos y  un Plan Nacional de Recogida de Aceites Vegetales Usados para su utilización como materias primas en la fabricación de biocarburantes, e incluir todos los incentivos y objetivos en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en el proyecto de ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en preparación.

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