Alertan de posible fraude en la planta de Biodiesel de Valdetorres

20/08/2013.

Un grupo de trabajadores avisa al juzgado sobre la evasión de una subvención pública por importe de 4,1 millones de euros.

La central de biodiésel de Valdetorres, municipio situado a unos 25 kilómetros de Mérida, es una sombra de lo que pudo ser. Se presentó como la mayor planta del mundo, con una inversión de alrededor de 80 millones de euros. Esperaba generar una actividad para 70 empleos y el movimiento de 25 camiones diarios en transporte de materias primas. Hoy está cerrada a la espera de un comprador.

El exceso de oferta para la escasa demanda y la entrada de productos más baratos de otros países han tumbado un sector que hace diez años parecía una inversión segura. Pero puede haber más. Un grupo de trabajadores de Bioenergética Extremeña 2020 (Bionex), la compañía que montó la central, ha alertado sobre un posible fraude que afectaría a particulares, empresas y administraciones públicas. Entre ellas, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Economía, que concedieron una subvención de 4,1 millones de euros para la obra.

La planta entró en servicio en el año 2008. Tras solo doce meses de actividad se vio obligada a declarar el concurso de acreedores para hacer frente a unas deudas de 42 millones de euros. Pero a finales de 2010 se aprobó un convenio de pago que permitía salvar la empresa.

La planta innovó y buscó salidas a nuevos productos. Todo pintaba bien, pero no fue suficiente. En marzo de este año la dirección anunció un ERE extintivo y el cierre de la central, de nuevo en concurso.

¿Qué pasó entre finales de 2010 y principios de 2013 para que el panorama cambiara de forma tan radical? Un grupo de trabajadores ha remitido un escrito a los juzgados de Badajoz, donde se tramita el concurso de acreedores, alertando de una serie de hechos que, en su opinión, evidencian una administración más que sospechosa de fraude.

Tras salir del concurso de acreedores, lo que abría la puerta al cobro de una ayuda de 4,1 millones de euros a través de los Incentivos Regionales, en el verano de 2011 Bionex firmó un contrato con la empresa norteamericana Green Diesel Trading, que después pasaría a denominarse Fuel Streamers. Esta compañía garantizaba un suministro de materia prima de 10.000 toneladas al mes durante medio año, renovable por periodos sucesivos. La firma norteamericana asumía los costes de importación, que primero pagaba Bionex pero que después se repercutían en la factura final.

Según la narración que el grupo de trabajadores ha enviado al juzgado, el primer envío de suministros tuvo lugar en agosto de 2011. Llegó al puerto de Huelva y Bionex asumió el pago de los dos trenes que transportaron la mercancía hasta Valdetorres, lo que supuso un desembolso de 932.000 euros que no se devolvieron a la empresa.

En octubre llegó a Huelva un segundo envío. Como en la ocasión anterior, el servicio de aduanas de la Agencia Tributaria tomó muestras para comprobar que el producto que se introduce en el país coincide con lo declarado.

A finales de 2011 los propietarios de Fuel Streamers se hicieron con el 60% de Bionex, la parte propiedad de la familia que promovió la inversión. El 40% restante se mantuvo en manos del otro socio, la empresa Catalana d'Iniciatives. El principal suministrador pasó así a tener el control de la planta. La firma americana asumió las deudas pendientes con proveedores. Para ello, en abril de 2012 se firmó un contrato de préstamo por 1.992.649,77 euros.

En febrero de ese año se firmó un nuevo contrato de suministro entre Fuel Streamers y Bionex, ya ambas bajo la misma dirección, con unas cláusulas similares al anterior y el compromiso de aportar 10.000 toneladas al mes. Ese mes también se recibió notificación de la Agencia Tributaria sobre el resultado del análisis realizado al primer envío de materia prima. Hacienda reclamaba 2,5 millones de euros por tasas y compensaciones, debido a que el producto no cumplía con lo establecido. Poco después llegó otra reclamación por el segundo envío, por el que se pedía 1,2 millones de euros. Para los trabajadores, es evidente que la firma americana quería 'colocar' esta carga a la empresa extremeña.

En junio de 2012 se modificó el contrato de suministro y se introdujo una cláusula según la cual se eliminaba la renovación automática por periodos de seis meses a partir de febrero de 2013. El día 29 de ese mes se recibe de la Junta de Extremadura la subvención de 4,1 millones de euros procedente del Ministerio de Economía y Hacienda. Ese mismo día se practicaron ocho transferencias a favor de Fuel Streamers por un importe total de 2.292.649,77 euros, correspondiente al préstamo más 300.000 euros contabilizados como anticipo.

A mediados de julio se entregó 1,12 millones de euros a una empresa holandesa en concepto de tasas de importación, algo que en principio correspondía a Fuel Streamers según el contrato firmado con Bionex. Estos pagos no solo suponían una descapitalización de la empresa, sino que además implicaba saltarse el convenio con los acreedores aprobado en 2010.

Comienza la asfixia

En agosto del pasado año concluyó el tratamiento de la materia prima que había aportado Fuel Streamers, que entre enero y agosto sólo entregó 30.000 toneladas en lugar de las 80.000 acordadas. A partir de entonces la planta se quedó prácticamente sin actividad.

Bionex siguió facturando por las entregas de biodiésel terminado, aunque por cantidades inferiores a las acordadas, y Fuel Streamers realizó pagos por menor importe del previsto debido a la aplicación de penalizaciones por la calidad del producto, algo que en realidad obedece a la calidad de la materia prima que suministraba. En octubre de 2012 la firma americana debía 1,7 millones a la extremeña, según las mismas fuentes.

A partir de entonces se redujeron los pagos a proveedores y sólo se liquidaban las nóminas, impuestos y seguros sociales. En diciembre de 2012 se dejó de pagar también a la Seguridad Social, lo que implicó nuevas sanciones. Y en febrero de este año empezaron a fallar los pagos de nóminas a los trabajadores.

La dirección comunicó que la única viabilidad para la planta era arrendar las instalaciones, por lo que solicitó resúmenes contables laborales de los últimos doce meses, resúmenes de seguros sociales y balances de los últimos ejercicios. Se trata de la misma documentación que se suele aportar en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

El 25 de marzo se celebró una reunión para informar sobre un supuesto contrato firmado con otra empresa. Sin embargo, en realidad se anunció el ERE extintivo de toda la plantilla y la apertura de la fase de liquidación de la compañía. En abril llegó un comunicado del socio catalán que mantenía el 40% de la firma mostrando su preocupación por lo ocurrido, pero ya era tarde.

Después de que se llegara a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, los trámites de liquidación siguen su curso. Ahora otra empresa ha mostrado interés en comprar la planta por unos 600.000 euros, muy por debajo de la inversión inicial. Por ese motivo, los empleados piden al juzgado que investigue a esta mercantil y plantee otras opciones.

Asimismo, reclaman que, a la luz de los hechos, se atienda a la responsabilidad societaria, civil e incluso penal de los administradores de Bionex. «Si bien no es discutible la inviabilidad económica actual de la empresa, no es menos cierto que dicha inviabilidad ha sido 'cocinada' y tiene responsables directos e indirectos», afirman en el escrito enviado al juzgado.

Fuente: HOY.es