Los nuevos protagonistas del fraude alimentario

Comercializaban productos de baja calidad o que no eran los indicados en la etiqueta en España e Italia.

Cuatro miembros de una misma familia, de entre 28 y 64 años, han sido detenidos como presuntos autores de fraude alimentario, al comercializar de forma irregular 120.000 botes de conservas de atún y 45.000 litros de aceite desde una empresa de La Rioja a establecimientos de España e Italia.

Responsables de la Guardia Civil en La Rioja, que han desarrollado esta operación, denominada Matsu, han informado este lunes, en una rueda informativa, de su desarrollo, en el que han participado fuerzas policiales de España, Italia y Europol.

El portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil, Miguel Angel Sáez, ha explicado que la empresa, con sede en La Rioja Baja y cuya identidad no ha sido facilitada hasta no haber una sentencia firme, se dedica a elaborar y comercializar productos alimenticios, principalmente conservas vegetales y de pescado, para su distribución en España y otros países, especialmente Italia.

La operación se inició el pasado mes de agosto tras una denuncia inicial, en la que se deducía las diversas irregularidades de esta empresa, cuyos botes de conserva de atún se venden a 1,20 o 2 euros menos de lo que la competencia los comercializa, ha detallado.

Se han analizado 40 muestras de productos intervenidos, y en 33 de ellas se ha comprobado que se etiquetaban como aceite de oliva cuando su contenido era de girasol o de orujo, y en otra se certificó que el atún era de una calidad inferior a la descrita en la etiqueta.

Los dos hombres y dos mujeres detenidos son investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y estafa y, tras pasar a disposición judicial, están en libertad a la espera de declarar ante la Justicia.

Conservas devueltas desde Italia

En la operación, que continúa abierta, se ha comprobado que las conservas de atún que no tenían salida en Italia eran devueltas y reetiquetadas después en condiciones de insalubridad para su reintroducción en el mercado, con el consiguiente perjuicio para la salud pública y el consumidor final.

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Fuente: 20minutos.es