La descarbonización europea se tambalea

Aunque la Comisión Europea quiso ir más allá hace unos días presentando su programa RePower, que actualiza el plan normativo europeo para cumplir con sus objetivo de reducir al menos un 55 por ciento las emisiones en 2030, el Parlamento Europeo ha puesto freno esta misma semana a una parte relevante del paquete normativo que le daba origen: el Fit for 55.

Presentado en julio del año pasado, este paquete legislativo se considera uno de los grandes motores para el despliegue del plan de descarbonización, pero su puesta en marcha podría ser más lenta de lo previsto.

Por el momento, tres de sus grandes pilares han sido rechazados en su tramitación parlamentaria: la reforma del mercado de carbono, la puesta en marcha del ‘arancel’ climático y el fondo social.

Todos han regresado a la Comisión de Medio Ambiente para continuar debatiéndose.

El parlamento, por el contrario, sí ha dado luz verde al calendario para poner fin al coche de combustión y este punto del plan entra ya en su etapa final, que finaliza con su aprobación en el Consejo Europeo.

La ampliación del mercado de carbono, cuestionada

En contraste, la reforma del mercado del carbono (EU Emissions Trading Scheme), que la Comisión proponía en su paquete ‘Fit for 55’ que se extendiera a sectores como el del transporte marítimo o la creación de un sistema de negociación separado para el sector inmobiliario o el transporte por carretera, ha sido rechazada.

«El Parlamento Europeo quiere incrementar la ambición de la propuesta de la Comisión con una reducción del número de derechos disponibles hasta 2030», explican desde la institución comunitaria.

"El Parlamento Europeo quiere dejar fuera del mercado de carbono a la vivienda y el transporte privado hasta 2029"

«Los contratos gratuitos deben desaparecer en 2030, que es el año en el que el Parlamento Europeo quiere que esté en marcha el Carbon Border Adjustment Mechanism«, especifican.

Este mecanismo pretende aplicar un impuesto sobre las importaciones de ciertos productos desde países con compromisos climáticos más laxos. Una de las justificaciones es evitar que se produzcan deslocalizaciones de producción de Europa hacia fuera, ya que los costes de las emisiones de CO2 europeas con más altos que los de otros países, como, por ejemplo, China.

Asimismo, «con el objetivo de proteger a los ciudadanos de mayores costes energéticos», el Parlamento Europeo quiere la ampliación del mercado de carbono se limite al transporte comercial y las edificaciones públicas y empresariales. Su propuesta es que para el transporte privado y las viviendas individuales se retrase hasta 2029.

«Lo que requiere una nueva propuesta de la Comisión», avanza el Parlamento Europeo.

También espera que todos los ingresos generados por la venta de derechos en el mercado de carbono se utilicen para la combatir el cambio climático, ya sea a nivel del conjunto de la Unión Europea, como de cada estado miembro.

¿Qué falla en el arancel climático europeo?

Junto a la no reforma del mercado de carbono, el Parlamento Europeo también ha frenado la tramitación legislativa del sistema por el que se pretendía crear un arancel climático para las emisiones, conocido como Carbon Border Adjustment Mechanism.

En este caso concreto, el Parlamento Europeo reclama a la Comisión un sistema más proteccionista, que asegure que no se va a deslocalizar producción hacia países donde es más barato contaminar.

"El Parlamento insta a ampliar el número de productos afectados y a acelerar la implementación de la tasa"

Para evitarlo, el Parlamento propone extender esta tasa a un mayor número de productos, entre ellos el aluminio, el hidrógeno y a cubrir emisiones indirectas de la electricidad utilizada en el proceso de manufactura.

Aboga, asimismo, por una implementación rápida, a partir del 1 de enero de 2023 y con solo un periodo de transición de dos años, y la obligación de ser aplicable a todos los sectores incluidos dentro del mercado de carbono en 2030.

El Parlamento sí apoya la propuesta de la Comisión de que los ingresos obtenidos a través del arancel se destinen a engrosar el presupuesto de la UE, pero insta a que se cree una autoridad centralizada para controlarlo y a no ceder las competencias a los estados miembros.

También aboga para fomentar la descarbonización de los países en desarrollo donándoles al menos el valor financiero de los ingresos obtenidos mediante este arancel.

No a la propuesta del fondo social

En tercer pilar del programa ‘Fit for 55‘ que se ha quedado en el aire es el fondo social. La Comisión propuso en julio del año pasado la creación de un fondo dotado con 71.000 millones para el periodo 2025-2032 con el que apoyar financieramente a las familias más vulnerables y a las pymes durante la transición energética.

El Parlamento Europeo ha frenado la tramitación de la normativa porque espera una definición común para toda Europa de los criterios de pobreza energética y en movilidad.

«El parlamento busca un enfoque específico en los desafíos que enfrentan las islas, las regiones montañosas y las áreas remotas y menos desarrolladas. También pedirá bloquear el acceso al fondo a países que no respeten los derechos fundamentales o el estado de derecho», especifica.

En este sentido, se refiere a una serie de puntos que se podrían financiar con el fondo de pobreza energética:

• Reducción de los impuestos y tasas sobre la energía u otras formas de apoyo directo a los ingresos para hacer frente al aumento de los precios del transporte por carretera y del combustible para calefacción. Esto se eliminaría gradualmente a finales de 2032.
• Incentivos a la rehabilitación de edificios y al cambio a fuentes de energía renovables en los edificios. Una propuesta que cuadra muy bien con el programa RePower.
• Incentivos para pasar del transporte privado al público, o al coche compartido o la bicicleta
• Apoyo al desarrollo de un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano

Fuente: finanzas.com