“Nadie levantó la mano en contra del convenio con Biouniversal”

Juan Carlos Martínez y José Antonio Ayuso, ambos ex ediles del PA del Ayuntamiento de Puerto Real, coinciden en afirmar que confiaban en la legalidad de un acuerdo, previamente fiscalizado por los técnicos, para la recogida de aceite usado en la localidad.

“Nadie levantó la mano en contra del convenio con Biouniversal para la recogida de aceite usado en Puerto Real. El expediente completo estuvo a disposición de toda la corporación municipal en el Pleno de octubre de 2012 y nadie dijo nada, ni siquiera Equo, el partido que hoy ejerce la acusación popular en este procedimiento”. Ésta fue parte de la declaración que ofreció este martes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz el que fue teniente de alcaldesa del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, el andalucista Juan Carlos Martínez, uno de los nueve acusados de prevaricación en el conocido como caso de los Aceites. "Ojalá alguien lo hubiera hecho, hoy no estaríamos aquí".

En la segunda sesión de la vista oral, Martínez explicó que se adjudicó la recogida de aceite doméstico e industrial a Biouniversal a través de un convenio "porque era una oportunidad política". "Su propuesta era buena y, en mi condición de concejal, entendí que repercutiría de forma positiva en el pueblo, además de no ocasionar ninguna merma en las arcas municipales".

Cuestionado por la fiscal del caso sobre la concesión de un servicio municipal en régimen de monopolio a una empresa en exclusiva, el ex responsable de Urbanismo indicó: "No sabía si era un convenio exclusivo, ni si tenía que ir a concurrencia pública. Yo voté a favor de la acción política. Si esa acción estaba mal instruida, no podía saberlo".

Sobre el expediente que desembocó en la aprobación del convenio, el ex edil de Urbanismo de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista manifestó que lo redactó el Servicio de Medio Ambiente. "Di por bueno el documento, si había alguna ilegalidad en él, la desconocía. Yo no podía ver las irregularidades, no tenía capacidad de fiscalizar ni de validar. Mi labor no era estudiar la legalidad de los procedimientos. Para eso nos apoyábamos en la salvaguarda de los técnicos. Los políticos estamos para otra cosa, para impulsar propuestas, oportunidades".

En cuanto a la aprobación por vía de urgencia tanto del convenio para adjudicar a Biouniversal la recogida de aceite doméstico de la localidad como la posterior adenda para otorgarle también a esta empresa la recogida del aceite de la hostelería, Martínez aclaró que era un procedimiento habitual. "Todo lo que entraba en la Junta de Gobierno después de su convocatoria, lo hacía por vía de urgencia". Además, precisó que se dio el visto bueno a la adjudicación en una Junta de Gobierno ordinaria. "No había ninguna celeridad en su aprobación, en ese caso, la Junta hubiera sido urgente".

Interrogado sobre por qué el secretario del Ayuntamiento hizo constar que el expediente del convenio objeto de enjuiciamiento no estuvo a su disposición, Juan Carlos Martínez dijo: "Que no estuviera a su disposición no quiere decir que no lo viera. De ser así, podría hablar aplazado o suspendido la sesión, ya que el secretario es quien guía la Junta". 

Martínez testificó ante el tribunal que no tuvo constancia de que otras empresas se dedicaran a la recogida de aceite en Puerto Real hasta que surgió el conflicto con los hosteleros. Y es que los comerciantes recibían contraprestaciones de estas entidades a cambio de entregarles sus aceites, sin embargo, a Biouniversal debían dárselo gratis. "A raíz de la polémica, y tras una pregunta en pleno de la socialista Ana Mosquera, consulté al secretario si la solución al problema pasaba por sacar el servicio a licitación", señaló, para luego añadir que el secretario le respondió que mientras el convenio siguiese vivo, había que atenerse al mismo. 

"El convenio con Biouniversal se mantuvo con el equipo de gobierno que llegó después, cuando Medio Ambiente estuvo en manos de Equo. Es más, este convenio se disolvió por incumplimiento al no pagar la empresa el canon de ocupación en la vía pública por la instalación de contenedores, no porque se declarase ilegal", concluyó su intervención Martínez. 

En la segunda sesión del juicio por el caso de los Aceites también prestó declaración José Antonio Ayuso, concejal de Medio Ambiente por el PA a la fecha de los hechos. Al igual que su compañero de partido, Ayuso afirmó que le pareció interesante implementar un sistema de recogida de aceite usado en Puerto Real como el que planteaba Biouniversal. "Era bueno para Puerto Real y me interesaba que se reflejase en el programa electoral para impulsar un pueblo más ecológico; además, nos ofrecían un servicio gratuito, un aspecto más que importante teniendo en cuenta que en esos momentos no teníamos ni para pagar nóminas". 

Ayuso aseveró que no se leyó ni el convenio firmado para la recogida de aceite doméstico que se aprobó en una primera Junta de Gobierno ni la posterior adenda para anexionar la recogida de aceite industrial. "Entendí que venía con la fiscalización de los técnicos de Medio Ambiente y de Secretaría e Intervención, que no pusieron reparos. Por tanto, confiaba plenamente en su legalidad", subrayó. 

De otra parte, el ex concejal de Medio Ambiente relató que las Juntas de Gobierno solían durar unos 15 minutos y que si el convenio y la adenda se aprobaron por vía de urgencia él no tuvo constancia de tener que justificar dicha vía. "Estimé que al incluir la recogida del aceite de los locales, además del de las casas, se cerraba el círculo y se ofrecía un servicio integral, al mismo tiempo que se garantizaba la trazabilidad del producto", argumentó.

El ex edil de Medio Ambiente dijo desconocer que existieran otras empresas que recogiesen aceite usado en Puerto Real así como que la adjudicación a Biouniversal tuviese carácter exclusivo. También negó tener un interés especial en la concesión de este servicio municipal a Biouniversal.

Por último, este martes declaró Beatriz Parrado, la concejal de Medio Ambiente que sustituyó a Ayuso en su cargo. Parrado, a la que la Fiscalía no acusa de prevaricación -sólo las acusaciones particular y popular que ejercen Geregrás y Equo, respectivamente- , explicó que no tuvo participación alguna en las Juntas de Gobierno donde se aprobó y amplió el controvertido convenio. Asimismo, aseguró que ella no ordenó enviar las cartas en las que se advertía a los hosteleros de la Villa que serían sancionados si no entregaban el aceite usado a Biouniversal de forma gratuita.

Fuente: DiariodeCadiz.es