El secretario no advirtió de las irregularidades en el expediente de la recogida de aceite

El secretario que estuvo presente en las Juntas de Gobierno en las que se dio el visto bueno al convenio con Biouniversal debió impedir su aprobación porque era ilegal, afirma otro secretario del Ayuntamiento de Puerto Real 

La prueba testifical del caso de los Aceites arrancó este jueves en la Audiencia Provincial de Cádiz durante la cuarta sesión de la vista oral en la que prestaron declaración dos secretarios del Ayuntamiento de Puerto Real que tuvieron algún tipo de relación con el convenio de colaboración que el Consistorio, gobernado a la fecha de los hechos por el extinto Partido Andalucista, suscribió supuestamente de manera irregular con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado en la localidad. 

El primero en testificar fue el secretario accidental Emilio Del Río, que participó en las dos Juntas de Gobierno en las que se aprobó el convenio inicial con Biouniversal para la recogida del aceite doméstico y la posterior adenda para la recogida del aceite de los hosteleros. Del Río precisó que no tuvo conocimiento del expediente redactado por el Área de Medio Ambiente previo a la firma del acuerdo hasta que se ratificó por vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local de diciembre de 2011, lo que hizo constar en acta. "No vi nada raro ni no raro, sencillamente no vi nada", subrayó.

Asimismo, manifestó que a dicho expediente se le dio luz verde pese a carecer de la providencia de inicio así como de dos informes de Intervención y Rentas que habían sido solicitados y que, sin embargo, aún no habían sido aportados. "Si este asunto hubiese entrado con esas deficiencias como punto ordinario y no urgente, no se habría aprobado", aseveró al tribunal. No obstante, aclaró que era un "procedimiento habitual" incluir puntos de urgencia en las Juntas de Gobierno si entraban después de su convocatoria.

A preguntas de las defensas señaló que, a pesar de detectar ciertas irregularidades en el expediente con posterioridad, no dio aviso a nadie. "El tema se votó y yo no tenía nada que decir. No puedo intervenir sin que me lo pidan", agregó.

La fiscal del caso le recordó que un mes antes de la firma del convenio con Biouniversal se recibió el informe solicitado a Rentas en el que se reflejaba que la concesión de la recogida de aceite usado debía sacarse a concurso público. Cuestionado entones por si en ese momento era posible rectificar y dar marcha atrás, Del Río declaró: "La Administración puede corregir un error aritmético o de hecho, pero no revocar un asunto aprobado en Junta de Gobierno por el cual se otorga un derecho a un tercero. En este caso, la solución no era tan fácil, el tema tendría que haberse elevado al Consejo Consultivo de Andalucía".

Sobre la adenda por la que se adjudicó a Biouniversal la recogida del aceite industrial -además del doméstico-, el secretario accidental aseveró que "nunca vio sentido a ese anexo". "La adenda tenía más entidad y contenido que el acuerdo inicial. Según mi criterio profesional, se tendría que haber realizado un convenio independiente, dada la envergadura del asunto".

Emilio del Río afirmó igualmente que el jefe de Medio Ambiente, uno de los acusados en esta causa, tenía la facultad tanto de proponer la forma jurídica del convenio para alcanzar un acuerdo con Biouniversal así como la potestad de indicar que el órgano competente para darle el visto bueno era la Junta de Gobierno. Después, dijo, se daba cuenta de lo aprobado tanto al resto de concejales en el gobierno como a toda la corporación local. 

Por último, este testigo afirmó que si bien la concesión en régimen de monopolio de la recogida de aceite en Puerto Real podía adjudicarse por convenio en función de la cuantía de licitación, matizó que la ocupación del dominio público por los contenedores no podía tramitarse de esta forma. 

En la cuarta sesión de la vista oral por el caso de los Aceites testificó otro secretario del Ayuntamiento de Puerto Real, Eduardo Muriel, quien no estuvo presente en ninguna de las dos Juntas de Gobierno que trataron la propuesta de Biouniversal pero sí se encargó después de remitir al juzgado la información necesaria del expediente objeto de enjuiciamiento una vez interpuesta la querella por prevaricación contra Maribel Peinado y parte de su equipo de gobierno. 

Muriel señaló que el convenio que adjudicó a Biouniversal la recogida de residuos en la localidad era, a todas luces, ilegal. "Deberían haberse adjuntado al procedimiento los informes de Rentas e Intervención. Faltaban pues pliegos técnicos y administrativos así como documentación jurídica. Además, este servicio municipal tendría que haberse gestionado por licitación concursal". En definitiva, "el acuerdo no tenía respaldo documental técnico, jurídico ni económico, unas carencias agravadas, además, por la falta de autorización de Biouniversal para la gestión de residuos". Según Muriel, el convenio fue "un salto al vacío" al no contar "con soporte legal".

En este punto, Muriel recalcó que el secretario que estuvo presente en las Juntas de Gobierno donde se aprobó el convenio y la adenda tendría que haber puesto reparos para velar por la legalidad. "Un secretario tiene la función de asistir y si un asunto entra por urgencia y no ha tenido acceso al mismo previamente, puede dejarlo sobre la mesa y echarlo atrás". 

"En el expediente faltaba de todo, no se podía tramitar, por tanto, el secretario debería haber aconsejado que no se aprobara", afirmó este testigo. "La actuación del secretario al advertir que no tuvo acceso al expediente antes de la junta fue correcta pero incompleta, dado que el documento tenía apariencia de legalidad y llevó a sus miembros a aprobar el acuerdo". Según Muriel, el secretario pudo dar al documento "una aprobación suspensiva" para objetar después, en el plazo de diez días, cualquier aspecto que estimase incorrecto. 

Sobre la información adicional que remitió al juzgado con posterioridad al expediente, una documental de Medio Ambiente sin rúbrica del jefe del departamento y sin sello, Muriel reconoció que "se despachó mal". "Con ese montaje técnico y esa falta de finura, yo tendría que haber devuelto el informe al Servicio", admitió.

Fuente: DiariodeCadiz.es